Ha sido estimada de forma parcial la cuestión de institucionalidad planteada de manos del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Donosti en relación a la Plusvalía Municipal. El Pleno del Tribunal Constitucional la ha estimado por unanimidad, toda vez que considera contrario al principio de capacidad económica el citado impuesto.

La Plusvalía es ese impuesto establecido sobre terrenos de naturaleza urbana, que es devengado en el momento de producirse la venta del bien, calculándose de objetivamente a partir de su valor catastral y teniendo presentes los años (mínimo un no y máximo veinte) en los que ha sido titular del mismo el propietario.

Dicha sentencia se fundamente en que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Lo que es lo mismo, no podrá fijarse un impuesto que afecte a aquellos supuestos en los que la capacidad económica fruto del tributo sea inexistente.

El Tribunal declara por lo tanto parcialmente inconstitucionales y nulos aquellos preceptos cuestionados: “Únicamente cuando sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a  los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente incremento de valor”. Por lo tanto compete al legislador, desde la publicación de la sentencia, ejecutar las modificaciones o adaptaciones del régimen legal de impuestos que posibiliten no someter a tributación todas esas situaciones de inexistencia de incremento de valores en los terrenos de naturaleza urbana.

 

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